Jalisco en la mira; Fiscal General de la República investigará a autoridades por “rancho de exterminio” en Teuchitlán

Rdacción Revista CG

 

Martes 11 de marzo de 2025.- “No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por autoridades locales de ese municipio y del estado”, así de tajante fue el fiscal General de la República (FGR), al referirse al ayuntamiento de Teuchitlán y al Gobierno de Jalisco, respecto a lo encontrado la semana pasada -después de que ya se había intervenido en septiembre de 2024- en el  llamado “centro de exterminio”, rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela.

 

En la mañanera del pueblo, ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el fiscal Alejandro Gertz Manero anunció que antes de atraer el caso la FGR, harán una investigación exhaustiva a las autoridades de Jalisco de la anterior administración, cuando Enrique Alfaro Ramírez era gobernador y Luis Joaquín Méndez era Fiscal de Jalisco.

 

“Lo que nosotros vamos a hacer, es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso”, dijo Gertz Manero.

 

“En esas circunstancias esa información es fundamental. Por qué razón? Porque para llevar un tema, de delincuencia organizada ante un juez federal, tiene que haber una claridad absoluta sobre la federalidad de ese delito”.

 

Y abundó en lo que hará la Fiscalía General de la República antes de atraer ese caso:

 

“Establecer toda una investigación de lo que ocurrió ahí. Porque como se sabe, este hallazgo lo hicieron un grupo ciudadano, entonces había habido ya una serie de operaciones en los alrededores, era un tema que era francamente conocido y entonces nosotros tenemos que dar un informe muy preciso, de cuáles son los antecedentes, quiénes son los que estaban protegiendo esa área, quiénes son los usuarios y los propietarios de esos inmuebles”.

 

“Inclusive hay un caso ahí de una carta de un joven que hace ahí una referencia, no directamente a lo que ocurrió, pero sí es una inferencia muy clara”.

 

Dijo que esta investigación es una oportunidad de establecer “con toda precisión, lo que la señora presidenta ha venido señalando en el sentido de la obligación de las autoridades locales, de detener el crecimiento de los delitos a través de controlar de controlar los delitos del fuero común”.

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