Redacción Revista CG
Martes 16 de julio de 2024.- Las denuncias por personas desaparecidas se han incrementado en un 17 por ciento durante el primer semestre de este 2024, respecto al mismo lapso del año pasado, así lo señala el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la UdeG, al lanzar una serie de observaciones sobre hechos graves al Gobierno de Jalisco.
“La reciente publicación de los datos de junio del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD) es una oportunidad para insistir en la crisis que vive Jalisco en esta materia, en el contexto del próximo cierre de este sexenio y de los preparativos de relevo en marcha”.
Así señala el Comité en un comunicado, donde señala varios puntos, como el que esta crisis puede ser mejor documentada gracias a la apertura de algunos datos y presenta la estadística de cómo se han incrementado las denuncias de personas desaparecidas en estos últimos seis meses.
Explica que el incremento de este indicador se debe al ingreso de casos de larga data a la contabilidad reciente. Además, menciona que, al 30 de junio de este año, hay oficialmente 15 mil 21 personas desaparecidas en Jalisco.
Sugiere, revertir el estatus de confidencialidad que tienen siete de cada 10 denuncias por desaparición, “una proporción absurdamente elevada respecto a la mayoría de los estados del país y contraria al principio de máxima publicidad de toda política contra las desapariciones”.
Dice que, mientras el número de personas desaparecidas que no se localizan va en ascenso, los reportes totales van a la baja y que en los municipios conurbados de Guadalajara se registra el mayor número de reportes por desaparición.
“Nos preocupan testimonios diversos que alertan de una resistencia coordinada de funcionarios públicos a tomar conocimiento de denuncias de privación ilegal de la libertad”.
Concluye el Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas, en que “la desaparición de personas sigue muy activa en Jalisco, pero también va en aumento la dificultad para rastrearlas”, al tener conocimiento de casos en que la privación de la libertad y posterior reclutamiento forzado, se enmascaran como una relación laboral de corta duración y sueldo elevado, acompañada de la insistencia en que los familiares retiren el reporte de desaparición.
Por ello, piden a los funcionarios responsables que se pronuncien sobre esta siniestra modalidad de desaparición y sobre las acciones que están tomando para combatirla.
